QUE NOS DICE EL INFORME DE BACHELET..!!

QUE NOS DICE BACHELET EN SU INFORME SOBRE DD.HH. EN VENEZUELA

Comisión Especial de Justicia y Paz

Informe de la visita de la Sra. Michelle Bachelet, Alta Comisionada de DDHH

de la ONU a Venezuela  

Preparado por: Dip. Delsa Solórzano 

La Sra. Michelle Bachelet estuvo en Venezuela entre los días 19 y 21 de junio del presente año. Esa visita había sido solicitada por las fuerzas democráticas de nuestro país desde hace mucho tiempo. En efecto, incluso esta solicitud se realizó cuando aún ocupaba ese cargo el Sr. Zeid Ra’ad Al Hussein, a quien debemos reconocer su compromiso con la causa democrática y que siempre nos recibió con profundo interés. Adicionalmente, debemos resaltar que conocemos al equipo técnico de esta oficina de Naciones Unidas, debido a la innumerable cantidad de denuncias que hemos tramitado ante ese instancia, por lo que podemos dar fe de su imparcialidad, profesionalismo y entrega.

Creemos prudente dejar sentadas esas bases para, de seguidas, tratando de hacer el análisis más objetivo, proceder a desglosar cada uno de los aspectos vinculados a la visita de la Sra Bachelet a Venezuela. 

Ya hemos dicho que en distintas oportunidades habíamos invitado a la Sra. Bachelet a venir al país. Esto, con base en su funciones y sus métodos de trabajo, que son definidos en este breve párrafo: “Para llevar a cabo su amplio mandato de derechos humanos, el ACNUDH actúa de manera objetiva frente a las violaciones de los derechos humanos en todo el mundo.

Trabajar en la consecución de este objetivo, colabora con gobiernos, parlamentos, autoridades judiciales, policiales y funcionarios de prisiones, instituciones nacionales de derechos humanos, ONG y una amplia gama de otros actores de la sociedad civil, además de los asociados de las Naciones Unidas, para crear conciencia y respeto de los derechos humanos.

El ACNUDH faculta a las personas para reclamar sus derechos y ayuda a los Estados a respetar sus obligaciones en materia de derechos humanos”.

Adicionalmente, es de destacar que la oficina de la ACNUDH, tiene un mandato expreso del Consejo de DDHH de la ONU, donde “Solicita a la Alta Comisionada que prepare un informe exhaustivo por escrito sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela que será sometido al Consejo de Derechos Humanos en su 41er período de sesiones y al que seguirá un diálogo interactivo de mayor calado, y que presente oralmente al Consejo, en sus períodos de sesiones 40o y 42o, información actualizada sobre la situación de los derechos humanos.”  

Dicho esto, debemos colegir que la Alta Comisionada de DDHH pudo venir a Venezuela atendiendo la invitación hecha por la sociedad civi, por la Asamblea Nacional, por el propio Nicolás Maduro o en acatamiento del mandato del Consejo de DDHH. Sin embargo, ella decidió hacerlo atendiendo la invitación de Maduro, calificándolo como “Gobierno de Venezuela”.

Asumamos que la razón fue facilitar su venida al país y prevenir que le fuera negado su ingreso por parte de los órganos de la dictadura.

Pasemos pues, de seguidas a analizar la vista de la Sra. Michelle Bachelet a Venezuela, así como cada punto de su declaración. 

En efecto, la sola visita es una demostración de que la situación en nuestro país es crítica y amerita una presencia de esta entidad. Igualmente es también evidencia de que en Venezuela de violan gravemente los DDHH y eso es responsabilidad exclusiva del Estado. Valoramos de manera positiva este hecho, así como la permanencia de parte del equipo técnico de la Oficina de la ACNUDH, a cuyo compromiso y profesionalismo ya nos referimos ut supra.

Consideramos positiva también la posibilidad del establecimiento de una oficina permanente de la ACNUDH en Venezuela.

Resulta obvio que este equipo ha podido presenciar las consecuencias de la grave crisis que hoy atravesamos y ello ha quedado plasmado en un informe elaborado recientemente, a raíz de la visita del equipo técnico al país en el mes de marzo de 2019. 

Dicho esto, pasamos de seguidas a referirnos a la declara de la Sra. Bachelet. Ella expresa que cuenta con “el compromiso expreso del Gobierno para llevar a cabo una evaluación de la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura”.  En este sentido, vale la pena señalar que aún estando presente en Venezuela la Alta Comisionada de DDHH, fueron sometidos a desaparición forzada cuatro uniformados, entre ellos un general de la Aviación y dos comisarios policiales, quienes habrían sido detenidos el viernes pasado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN). Igualmente hay serias denuncias de Torturas contra estos y  otros ciudadanos. Con lo cual, es claro que el “compromiso” asumido por la satrapía, quedó solo en palabras vacías, como es lo habitual. 

Igualmente, cabe destacar las torturas a las que ha sido sometido en particular el prisionero político Vasco Dacosta, quien debe ser intervenido quirúrgicamente con carácter de urgencia, por un tumor en un ojo, debido a las consecuencias de tales maltratos por parte del Estado y aun estando en Venezuela

la Sra. Bachelet, se negó el traslado a un centro de salud. 

Igualmente es dable señalar que las torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, no han cesado ni antes, ni durante ni después de la visita, con ninguno de los prisioneros políticos.

Hechos como estos, configuran claramente una violación a los DDHH y en este caso concreto, se trata de un crimen de lesa humanidad, que debe ser denunciado ante la Corte Penal Internacional.   

Más adelante en su declaración, la Sra. Bachelet celebra la liberación, del Dip, Gilber Caro, secuestrado político, quien según señala la Alta Comisionada “se encontraba en custodia en el SEBIN”, afirmación ésta bastante particular,  ya que la propia ACNUDH, con relación al caso del Dip. Caro, en fecha 3 de mayo de 2019, destacó: “Su arresto no sólo se llevó a cabo pasando por alto su inmunidad legislativa, sino que su ubicación no ha sido confirmada por las autoridades. Esto constituye una desaparición forzada bajo la ley internacional”.  

Llama pues poderosamente la atención, que el Diputado Caro aparece en uno de los calabozos de SEBIN (policía política de la satrapía) y no hay ninguna mención a este hecho, ni tampoco se concatena con la anterior declaratoria de desaparición forzada. En este mismo orden de ideas, debemos destacar que nosotros celebramos la liberación del Dip. Caro, pero, el acoso contra el parlamento no se limita al secuestro de nuestro colega parlamentario, quien por cierto nunca fue presentado ante un tribunal y nunca fue allanada su inmunidad parlamentaria (ni por la Asamblea Nacional, como en Derecho corresponde, ni tampoco fue sometido al irrito procedimiento que para con los demás parlamentarios ha seguido el ilegal TSJ o la inconstitucional ANC).

El acoso contra la Asamblea Nacional alcanza a toda la institución de maneras diferentes, tal como consta en informe que fue entregado a la Sra. Michelle Bachelet.

Igualmente, se saluda la liberación de los ciudadanos Melvin Farias y Junior Rojas, estos últimos estaban en prisión por un altercado con un escolta de Maikel Moreno. 

Coincidimos con  la Alta Comisionada, sin embargo no tranquiliza el hecho de que faltan por liberar al rededor de 700 prisioneros políticos venezolanos.

En cuanto a las reuniones sostenidas por la Sra. Bachelet durante su visita a Venezuela, quisiéramos destacar el hecho del reconocimiento de su parte a instituciones o representantes del Estado que, a tenor de lo establecido en nuestro texto constitucional no gozan de legitimidad alguna. Nos referimos  de manera particular a los casos de quien usurpa el cargo de Ministro del Interior. Es el caso que, en fecha 8 de junio de 2017, previo informe emitido por la Comisión Permanente de Política Interior y apegados estrictamente al texto constitucional, se aprobó un voto de censura contra el para entonces ministro Néstor Riveroll y se destituyó de su cargo. De tal manera que, en respeto a la legalidad interna, el Sr. Néstor Reverol no puede ser reconocido como Ministro por ente alguno. Así mismo, tampoco puede ser reconocida como legítima la llamada “Asamblea Nacional Constituyente,” porque de hacerlo, no sólo se violenta el Estado de Derecho, sino que se legitimarían también sus írritas actuaciones.

Por lo que respecta a las reuniones realizadas con las víctimas de violación de DDHH, debemos destacar lo siguiente:

1.- Las audiencias fueron absolutamente insuficientes. No todas las víctimas fueron debidamente atendidas . Somos absolutamente conscientes de la enorme cantidad de víctimas que hay en el país, pero, el tiempo dedicado así como la atención y organización brindadas, no se correspondieron con las necesidades de un caso como el venezolano. 

2.- Todas las víctimas lo son del Estado, sin distingo de con quién simpaticen políticamente. La separación entre víctimas simpatizantes del gobierno o simpatizantes de la oposición es absolutamente alejada de los parámetros que deben cumplirse en materia de DDHH, ya que únicamente el Estado puede violar tales Derechos. Cuando una víctima acude a nosotros, la defendemos sin miramientos del color de su camisa partidista.  

3.- En el supuesto caso de cualquier ciudadano que haya sufrido lesiones o la muerte por parte de un particular, esto debe tratarse como un delito común y sus victimarios deben sufrir todo el peso de la ley, en tanto corresponda en Derecho, pero, no puede ser tratado como un crimen de DDHH, porque son absolutamente diferentes desde el punto de vista técnico.

En tal sentido, aun la falta de justicia en un caso como éste, es también responsabilidad directa del Estado, cuya máxima jefatura usurpa hoy Nicolás Maduro.

Por otra parte, la Sra. Bachelet afirma que el 75% del presupuesto nacional es dedicado a programas sociales. En tal sentido la invitamos a revisar el informe de la ONG Transparencia Venezuela, que no sólo desmiente esa afirmación, sino que aclara con lujo de detalles la distribución del presupuesto nacional. En tal sentido, la señalada ONG demuestra que existe una enorme opacidad en materia presupuestaria en el país. De hecho, no existe en Venezuela Ley de Presupuesto.

De tal manera que, la afirmación hecha por los representantes de Nicolás Maduro, no puede darse por cierta. Al mismo tiempo, debemos referirnos a la grave crisis humanitaria que afecta hoy a nuestro país, la cual atribuye la Alta Comisionada, entre otras razones a las sanciones impuestas por Estados Unidos al comercio de oro en nuestro país. En tal sentido, la Sra. Bachelet parece desconocer lo siguiente: “El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Carlos Paparoni, denunció el tráfico de oro del Arco Minero. /El parlamentario explicó durante la reunión de la instancia legislativa que la venta de oro proveniente del Arco Minero a varias empresas por el Banco Central de Venezuela, no ha sido autorizada por la Asamblea Nacional. / Indicó el diputado que con esta actividad no sólo se han cometido delitos ambientales sino que además esos recursos están siendo malversados, mal utilizados y se han prestado para la corrupción. / Indicó Paparoni que hasta diciembre de 2018, Nicolás Maduro ha vendido 73 mil kilos de oro aproximadamente. / Enfatizó que desde la Asamblea Nacional “seguimos trabajando para que no se pueda vender un solo gramo más de oro que sea utilizado por Nicolás Maduro y que los ingresos de los venezolanos sean usados básicamente para mantenerse en el poder”. / Explicó que se logró detener la compra de oro por parte de la empresa Noor Capital a través del BCV el 25 de enero de este año. “Hoy vemos cuáles fueron las transacciones que se hicieron y quiénes fueron los que compraron las 73 toneladas de oro durante el año pasado”. Igualmente señaló que las empresas que aparecen como compradoras son en primer lugar Noor Capital de Emiratos Árabes Unidos con 27.298 mil kilos de oro, Goetz Gold con 21.886 mil kilos y Sardes Klyneth Mandeler As con 23.904 kilos de oro. / El diputado reiteró el compromiso de proteger los activos del país los mismos que aseguren nuestro futuro y evitar que sigan saqueando aquellos que hoy usurpan el poder en Venezuela. 

Por su parte, la firma de inversión Noortal de Emiratos Árabes Unidos confirmó que compró tres toneladas de oro al Banco Central de Venezuela el 21 de enero. / La empresa agregó que la adquisición del oro al instituto emisor venezolano no fue una “operación ilegal”, pero dijo que se abstendrá de realizar más transacciones.“. “ . Con esto, así como con muchas otras denuncias realizadas por el Dip. Américo De Grazia, quien hoy se encuentra en calidad de huésped en la Embajada de Italia en Venezuela, debido a que ha sido violentada su inmunidad parlamentaria por parte de la satrapía de Nicolás Maduro, queda evidenciado, que el problema del oro en Venezuela no se debe a las sanciones impuestas, sino a la gran corrupción que opera en nuestro país. 

Como corolario de todo lo anterior, debemos destacar que el liderazgo político venezolano que milita en la causa democrática, está dispuesto a dar todos los pasos necesarios para restablecer el sistema de libertades y el Estado de Derecho y de Justicia en nuestro país. Sin embargo, debe quedar meridianamente claro que, únicamente el Estado viola DDHH y en este caso, como ya hemos señalado a lo largo de éste análisis, la máxima autoridad y representación de ese Estado en Venezuela, se encuentra usurpada por Nicolás Maduro Moros.

Finalmente, esperamos que el informe que será emitido el 5 de julio por parte de la oficina de la ACNUDH, se encuentre apegado a criterios técnicos y a las constataciones que ha podido hacer el equipo técnico de la señalada Oficina durante su estancia en el país. 

Estaremos atentos a tal documento y elaboraremos un análisis detallado del mismo.